En prisión preventiva quedaron cinco de seis personas que esta mañana fueron formalizadas por la Fiscalía Local de Valdivia como autoras del delito de abigeato.
En la audiencia, que se efectuó en el Juzgado de Garantía de Valdivia, el fiscal Marcelo Leal comunicó a los imputados que se les investiga por sustraer cuatro vacunos desde un predio ubicado en el sector rural de Rofuco Alto, en la comuna de La Unión, donde les dieron muerte el martes 1 de septiembre para después trasladarlos hasta Valdivia en una camioneta.
El procedimiento lo dirigió el fiscal Gonzalo Valderas, quien explicó que “los imputados fueron detenidos ayer de manera flagrante por Carabineros mientras faenaban los cuatro animales en un galpón ubicado en una cancha de la calle Balmaceda, en el sector de Collico, en la comuna de Valdivia”.
El fiscal del Ministerio Público agregó que si bien los propietarios efectuaron un reconocimiento ocular de los vacunos que les fueron sustraídos, adicionalmente la Fiscalía dispuso que se enviaran muestras de los restos encontrados en La Unión al Centro de Marcadores Moleculares de la Universidad Austral de Chile, para efectuar una comparación con el ADN de la carne que fue hallada en Valdivia. Los vacunos fueron avaluados en la suma de $2.200.000.
Los imputados por este delito de abigeato son Eliecer Fernando Bañados Andrade (35), Franz Elías Salgado Du Precht (35), Horacio Gonzalo Jara Pino (26), Álvaro Gabriel Villanueva Barrientos (21), Francisco Leonardo Ruiz Gatica (21) y Luis Armando Muñoz Elgueta (22).
Este último declaró en la audiencia que no tuvo participación en el delito, sino que fue contactado por dos de los imputados para que les prestara el galpón, a lo que accedió sin saber cuál era la finalidad.
En virtud de lo declarado por Muñoz Elgueta y a los antecedentes expuestos durante la audiencia, el juez Pablo Yáñez estimó que hasta el momento no existen pruebas de que tuviese participación en el hecho, por lo que dispuso que quedara con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal en la Fiscalía.
El organismo persecutor tendrá un plazo judicial de 90 días para desarrollar esta investigación.
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