CER-UACh presentó estudio nacional sobre la realidad del Presupuesto Participativo en Chile

La presentación fue comentada por el Dr. Gonzalo Delamaza, académico del Centro de Estudios Regionales y Políticas Públicas de la Universidad de Los Lagos; y por la directora ejecutiva de Rimisp Chile, Danae Mlynarz.

Una completa actualización y revisión nacional de los municipios que han impulsado el Presupuesto Participativo (PP) desde el año 2001 hasta la actualidad, fue el estudio que presentó el director del CER-UACh, Dr. Egon Montecinos, y el profesional de la misma entidad, Manuel Carrasco.

El objetivo del estudio fue analizar la evolución y estado actual del Presupuesto Participativo a nivel municipal y examinar los factores que han permitido que perduren algunos casos en el tiempo. La recolección de datos se realizó a través de encuestas y entrevistas en algunas municipalidades entre junio y noviembre del año 2020.

Desde la década de los noventa, el Presupuesto Participativo ha sido el principal mecanismo de democracia participativa utilizado en la gestión municipal. Entre los resultados más relevantes derivados de este estudio, se destaca que entre el año 2001 y 2018 han sido 53 municipalidades que han implementado el Presupuesto Participativo en Chile, lo que representa un 15% en relación al total de municipalidades existentes en el país (345). Desde el año 2018 se aprecia un estancamiento de esta iniciativa a nivel municipal.

De las 53 municipalidades que han implementado el Presupuesto Participativo, 15 se encuentran vigentes, 5 vigentes pero con discontinuidad y 33 ya no están vigentes. El porcentaje promedio de recursos financieros que destinan a PP estas 53 municipalidades es de un 1,41% en relación al presupuesto total municipal. En cuanto a montos, expresado en peso chileno, la inversión promedio que destinan los municipios para la realización de los PP es de $152.028.883 (alrededor de 200 mil dólares). Se enfatizó que la mayoría de las iniciativas financiadas son de monto menor, dado que eso les permite a los municipios y alcaldes, que la mayor cantidad de organizaciones y proyectos que postulan sus iniciativas sean financiados.

El tipo de participación ciudadana observado es de baja intensidad, en el sentido de que la ciudadanía y la comunidad se movilizan para decidir proyectos menores, sin impacto en los proyectos estratégicos de la comuna ni en los instrumentos de gestión comunal de los municipios. Se destaca la capacidad pedagógica y de cohesión social que provoca el presupuesto participativo en las organizaciones sociales y en las personas.

De acuerdo con la tipología de municipios de la SUBDERE, las casas edilicias que lo implementan y han implementado, corresponden mayoritariamente a comunas grandes, metropolitanas (o insertas en una zona o área metropolitana) o urbanas, con un desarrollo alto y medio, y con capacidad financiera suficiente para destinar recursos al PP.

Su desarrollo ha estado supeditado al impulso que le han dado los propios alcaldes y alcaldesas que han decidido implementarlo en sus respectivas comunas. Su difusión no ha sido promovida por el Gobierno, ONGs ni partidos políticos de Centro Izquierda como ha ocurrido en otros países. Muy por el contrario, en Chile es una experiencia absolutamente voluntarista, desideologizada y local. El poco apoyo que han brindado los distintos gobiernos, a través de su programa de Presupuesto Participativo, es un desincentivo para las municipalidades y para los alcaldes que lo implementan. La ley 20.500 de participación ciudadana, ha pasado desapercibida como instrumento promotor de este mecanismo, ya que no permite apoyos concretos para las municipalidades que requerirían fortalecer este mecanismo. Es decir, no es un derecho político garantizado de los ciudadanos.

En ninguno de los casos se observa una incidencia del Presupuesto Participativo en los principales instrumentos de gestión y planificación municipal, salvo en los casos de San Antonio, La Serena, San Pedro de La Paz y Quillota. Estos municipios han logrado que el presupuesto participativo  incida en otros instrumentos de gestión municipal y se ha provocado una integración a instrumentos o modelos de gestión integral del municipio impulsado por el liderazgo de los equipos técnicos municipales, empoderamiento de la sociedad civil y participación ciudadana eficaz.

El estudio concluye señalando que, a 20 años del inicio del PP en Chile, es posible afirmar que se cierra un ciclo o “era” de experimentación de este mecanismo en la democracia local.  Los distintos gobiernos nacionales, las leyes y los partidos políticos no han jugado un rol relevante en el desarrollo de este mecanismo de participación ciudadana. En definitiva, el contexto político e institucional predominante en Chile en los últimos 20 años, ha sido fundamental para que los PP no hayan sido más relevantes para el fortalecimiento de la democracia participativa a escala municipal.

La discusión constitucional abre una posibilidad real e histórica para que se pueda inaugurar una segunda “era” de Presupuestos Participativos en Chile, que contemple los aprendizajes acumulados, y permita consensuar recursos fiscales con reglas del juego más incidentes en resolver las problemáticas estructurales de la comunidad. Durante el proceso constituyente se ha mencionado la necesidad de incorporar instituciones democráticas y participativas en la nueva constitución, que puedan garantizar a los ciudadanos el derecho político a participar en los asuntos públicos.

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