Este año estamos viviendo un momento de transformación gravitante en nuestro país, producto de los efectos que ha dejado la pandemia y el cambio constitucional que está en marcha. La desaceleración de la economía nacional, junto con el deterioro pronunciado de la convivencia política interna, son factores que han debilitado las posibilidades de gobernabilidad, asimismo la oportunidad del gobierno de liderar reformas prioritarias para la ciudadanía, como es el caso de la reforma de pensiones, la reforma de salud primaria y hospitalaria, la reforma tributaria, entre otras.
El cuadro de emergencia sanitaria y económica, hace urgente la creación de un paquete de reformas económicas que permitan una recuperación muy acelerada, que entreguen, de manera digna, apoyo a las familias y a las miles de emprendimientos y empresas que han visto deterioro sus proyecciones de ingreso.
Las regiones del país están viviendo momentos complejos en el desarrollo de sus economías locales, porque la recuperación económica requiere de medidas económicas claras y que incluyan a todos los sectores afectados, recuperación que debe contar con una estrategia integral que considere desarrollar economías regionales y locales de manera sostenible, intentado hacer las cosas mejor que antes. Es indispensable que el paquete de medidas que involucra gasto público para el salvataje regional sea diseñado considerando las recomendaciones de los organismos internacionales, que de manera sistemática hacen llamados a los estados a generar un mejor impacto con el uso del gasto público.
Primero, se está impulsando la necesidad que los presupuestos públicos expliciten los objetivos que persiguen, mostrando con claridad la relación entre gasto público – objetivos y resultados esperados, generando una dinámica que permita identificar la eficacia del gasto público. Segundo, se espera que hoy más que nunca, todo el gasto púbico sea utilizado con lupa; mas sectores de la sociedad requieren de la ayuda de los estados, por lo tanto, cada peso que se ocupe debe ser entregado con la certeza que es el recurso que se requiere. En este caso el análisis costo beneficio, la evaluación de programas regionales en profundidad, y la rendición de cuentas son mecanismos que ayudan a hacer un mejor uso del gasto público.
Tercero, es preciso que abramos más espacios de participación pública en el ciclo presupuestario. Al día de hoy, la ciudadanía tiene una relación lejana con esta política pública, tal vez la más relevante de todas y es responsabilidad de las autoridades, que creen espacios de discusión, debate e interlocución entre las autoridades y las ciudadanía organizada -ONGS, universidades, académicos, empresarios, emprendedores, iglesias- para que el presupuesto que se ejecute contenga elementos ya discutidos con la ciudadanía y eleve no solo la confianza entre autoridad y sociedad, sino que transparente el uso del gasto público.
Es importante indicar que Chile tiene un déficit de gestión en transparencia fiscal y participación pública en el ciclo presupuestario, de acuerdo con índices internacionales, principalmente por no tener acuerdos políticos a nivel estructural que permitan abordar sus deficiencias. En este sentido, las regiones deberán mirar sus potencialidades, por ejemplo en el sur del país, como Los Ríos y en general, la reactivación sostenible es una materia clave, que debe ser incluida en un conjunto de medidas que deben abrir las puertas hacia nuevas fuentes de financiamiento. Cuando se definan los programas gubernamentales, la pregunta que se levanta es ¿Cómo los programas gubernamentales conversarán de manera coherente con la realidad de la región?, ¿Quiénes podrán participar en la priorización de indicadores que permitan diseñar los programas de recuperación? ¿Cómo se rendirá cuentas de esos recursos a la ciudadanía regional? ¿Quiénes serán los beneficiados de esos programas sociales? .
Este momento histórico, se necesita un impulso de grandes proporciones. Las fórmulas tradicionales ya no sirven para levantar a una región que ha sido azotada por una crisis sanitaria y económica de proporciones mundiales, por lo tanto el llamado es a diseñar con sentido de generosidad y responsabilidad el período que debemos enfrentar, de la mano con el desafío de la descentralización del país.
Marta Canto Castro. Administradora Pública, Presidenta Fundación Foro de Los Ríos.
Verónica Pinilla Martínez. Administradora Pública. Directora del Instituto Desafíos de la Democracia.
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