"No fue suicidio": el enigma de los numerosos universitarios que han desaparecido en Valdivia
Por Vasti Abarca / 16 de octubre de 2022 | 12:05
Por Vasti Abarca González
El estudiante de veterinaria, James Emmott Betancourt de 23 años, desapareció en Valdivia la madrugada del 20 de octubre de 2002. Su cuerpo apareció 19 días después en el río Cau Cau, el 7 de noviembre.
El 1 de octubre de 2005, saliendo del Club de La Unión en la capital regional, fue la última vez que vieron a Carlos Millán, de 21 años, estudiante de Turismo de la Universidad Austral. Se vislumbra presunta desgracia, sin embargo, nunca más se supo de él y su caso fue archivado.
Joaquín Duarte Aburto, de 18 años, desapareció el 30 de julio de 2020. Salió en su bicicleta desde su casa en barrios bajos. Aunque aparentemente no era universitario, el 6 de agosto del mismo año, su cuerpo fue encontrado en el exterior del edificio de Ciencias Básicas de la Universidad Austral.
Un poco más de un año después, el 30 de septiembre de 2021, Roberth Aldunce, de 21 años, desapareció. El cuerpo del estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad Austral fue encontrado en el río Valdivia el 12 de octubre de ese año.
Menos de un año después, Roger Lampert, estudiante de Química de la Universidad Austral, desapareció tras salir de su casa en Valdivia la mañana del 6 de junio de este año. El universitario de 27 años aún no ha sido encontrado.
Sólo tres meses más tarde, Alfonso Rivas, de 18 años, desapareció tras salir de su trabajo en el centro de Valdivia, la madrugada del 11 de septiembre. El cuerpo del estudiante de Tecnología Médica de la Universidad Austral fue encontrado el 26 de septiembre pasado en las aguas del río Calle Calle.
Al buscar noticias sobre universitarios desaparecidos en Valdivia desde el año 2000 hasta la fecha, el buscador de Google arroja un resultado desolador que incluye decenas de páginas.
Los hallazgos de cuerpos en la ribera del Calle Calle, del Valdivia o el Cau Cau han generado alarma a nivel local y también nacional. Sin embargo, hasta el momento no se han comunicado grandes avances en las investigaciones.
“El caso se ha vuelto súper engorroso, ha pasado un año y estamos prácticamente en la misma posición”, asegura Alejandra Aldunce, hermana de Roberth, estudiante hallado sin vida el 12 de octubre del año pasado.
Comenta que pasaron de un abogado a otro esperando mejores resultados, pero sin mayor éxito. Actualmente, la familia es representada por el abogado Pedro Díaz, quien también lleva la causa de la madre del mediático caso del pequeño Tomás Bravo.
“El abogado me dice que no ve un orden en la investigación”, comenta Alejandra a Diario de Valdivia, agregando que “todavía no se pueden encontrar culpables”.
“Nosotros tenemos una idea más o menos de qué es lo que pasó, esto no fue suicidio. Estamos seguros de que mi hermano no se suicidó, estamos completamente seguros”, enfatiza.
De los seis casos mencionados al abrir este artículo, en todos se insistió en la hipótesis del suicidio en las indagaciones preliminares, mientras que en algunos de ellos, como James Emmott o Carlos Millán, ese planteamiento se ha mantenido de forma sostenida, con la oposición de las familias.
Cristina Cárdenas, madre de Carlos Millán, joven oriundo de Ancud y desaparecido hace 17 años en Valdivia, revive con la garganta apretada el enigma que rodea el caso de su hijo.
“Fiscalía y las policías pudieron haber levantado muestras de la casa donde Carlos arrendaba, quizás hasta en la basura podrían haber encontrado algo y no fueron capaces de revisar esas cosas”, lamenta.
Y enfatiza: “Estoy muy sentida con ellos, luego se dieron el lujo de cerrarnos la causa. Siempre insistieron en que nuestro hijo se había suicidado, es lo más corto”.
Sin ninguna pista sobre el paradero de su hijo, Cristina piensa que fue asesinado y no descarta que incluso haya sido de manera accidental.
“No quiero que los casos se estén cerrando así, sin que la Fiscalía o las policías den una respuesta de qué fue lo que pasó con nuestros hijos”, comenta en conversación con Diario de Valdivia.
Y sentencia: “Las instituciones competentes no fueron comprometidas con la búsqueda y la investigación de nuestro hijo, las labores de búsqueda y los rastreos no fueron realizados como corresponde, a mi parecer”.
En este contexto, desde Fiscalía Regional Los Ríos, destacan que se realizaron 256 operativos de búsqueda.
En el caso de Alfonso Rivas, la más reciente desaparición y posterior hallazgo de su cuerpo, también se postuló de inmediato la idea del suicidio. Los primeros peritajes que se realizaron un día después, descartaron lesiones atribuibles a terceras personas.
En ese momento, Óscar, hermano mayor de Alfonso, manifestó la convicción de la familia respecto a que fue víctima de un homicidio.
“No queremos que esto quede impune, queremos seguir luchando, mi hermano no se suicidó, a mi hermano algo le hicieron, estoy seguro de eso”, aseguró.
Óscar reiteró las sospechas de la familia, señalando que después de caminar desde su lugar de trabajo en la madrugada del 11 de septiembre, y llegar hasta la altura del local McDonald's, Alfonso tomó un Uber, de lo que hay registro.
Otro antecedente entregado por la familia, es que Alfonso habría realizado una llamada a Carabineros a las 6:34 del día en que se le perdió el rastro. Sin embargo, no hay novedades en la investigación.
Una situación con tintes similares se vivió con el caso de Francisco Jara Caniuñir, joven de 18 años quien desapareció el 29 de julio de 2020, tras supuestamente caer a las aguas del río Calle Calle desde el puente Santa Elvira. Las indagaciones preliminares arrojaron que se habría “caído” al río, pero tras más de dos años, no ha sido encontrado.
Desde la Fiscalía, aseguran que “en los casos de Francisco Jara y Joaquín Duarte nunca se habló de la posibilidad de participación de terceros”.
En este contexto, hace casi exactos 20 años atrás, otro universitario desaparecía: James Emmott.
Fue visto por última vez la madrugada del 20 de octubre de 2002 y 19 días después, fue hallado muerto a orillas del río Cau Cau, en el sector de Isla Teja, a pocos metros de donde había sido localizado su vehículo.
Un extenso juicio falló en contra de cuatro personas, quienes en una primera instancia se indicó que se encontraban en el cabaret La Zulema, donde James habría sido visto por última vez, pasando siete meses detenidos.
Sin embargo, el año 2009 las cuatro personas fueron absueltas:
“En el presente caso no existen presunciones que reúnan las exigencias legales para tener por acreditada la presencia de Emmott Bentacourt en el cabaret “Zulema” la noche del 19 de octubre de 2002, y que realmente fue agredido, por lo que su muerte no puede imputarse a los enjuiciados”, se lee en el fallo unánime de la Corte Suprema.
Y concluye: “Toda vez que no se acreditó un delito de homicidio, ni se probó la participación en algún ilícito por parte de los acusados, pues la causa de muerte de Emmott fue ‘asfixia por submersión’, siendo descartada la agresión”.
Tras la sentencia, un manto de incertidumbre se posó sobre el caso, sin que nunca llegara a aclararse. Sin embargo, Walter Emmott, el ahora difunto padre de James, siempre mantuvo la hipótesis de que se trató de un homicidio.
“Pienso que desde el momento en que no hubo resultado positivo, es forzoso concluir que la investigación de este caso fue precaria y poco diligente”, opina el abogado Fernando Castro, quien representó a la familia Emmott.
“Si hubiere existido real profesionalismo por parte de los organismos competentes, el caso habría sido resuelto y no habría pasado a engrosar otro mas de los casos delictuales sin resolver”, asegura en conversación con Diario de Valdivia.
Ante este caso, desde Fiscalía precisan que no les correspondió investigar, dado que el caso es anterior a la reforma procesal penal.
- ¿Qué opina en relación al escaso avance ante las desapariciones de otros universitarios en Valdivia? ¿Faltan recursos o mayor preparación, por ejemplo?
Extraño y pienso que ello se debe simplemente a escaso o limitado compromiso profesional, o en su defecto, real interés en la resolución de los casos; lo que también posee como agravante, el hecho de que estando estos inmersos en un entorno de universitarios, habitualmente se piensa en ellos como derivaciones de fiestas o eventos sociales y las investigaciones se inician con retardo o con dudas respecto de que dichos casos tengan un trasfondo delictual.
El abogado es enfático en su mirada frente al cierre de casos de desaparecidos sin que se sepa realmente qué sucedió.
“Cualquier caso delictual y especialmente relativos a desapariciones de personas son de una gravedad extrema y deberían ser investigados en profundidad y sin el techo de una injusta y extrema impunidad como lo es la prescripción, que siempre repugna al entendimiento urbano y social, debido a su falta de lógica y raciocinio”, asegura Castro.
En este contexto, los últimos casos de Roberth Aldunce, Roger Lampert y Alfonso Rivas, sacudieron a Valdivia en tan solo un año.
Hace cuatro días se cumplió el primer aniversario del hallazgo del cuerpo de Roberth, mientras que en cuatro días más se cumplen 20 años desde que desapareció James. Ningún caso ha sido resuelto y tampoco hay individuos acusados o condenados.
“El fiscal que estuvo de turno dijo de inmediato que no se habían encontrado rastros atribuibles a terceros, y eso en realidad era una opinión, él no tuvo que haber dicho eso. Él tenía que haber investigado para tener una opinión, para decir algo así uno debe tener pruebas”, critica Alejandra Aldunce.
La hermana de Roberth es enfática y cuestiona la manera en que se mide el trabajo de los fiscales, considerando los nulos avances. Además, insiste en que es vital contar con un abogado privado que pueda presionar para que efectivamente se realicen las diligencias.
“Los gastos son altos, el pago a los abogados, en mi caso dos abogados, los viajes, las búsquedas, los peritajes; es un gran gasto, no creo que todas las familias puedan costearlo. Nosotros ya hemos gastado varios millones de pesos”, puntualiza.
En este escenario, la abogada Macarena Torres, especialista en Derecho de Familia, pone sobre el tapete la reciente Ley de Extraviados, que crea un protocolo unificado entre el Ministerio Público, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y otras instituciones que puedan servir de apoyo en las labores de búsqueda e indagaciones.
“Esta ley suprime algo tan básico como lo es esperar las primeras 48 horas antes de iniciar las diligencias, porque las primeras horas después de que una persona desaparece es cuando tienes más cantidad de contactos y hallazgos, cámaras, testigos”, explica en conversación con Diario de Valdivia.
Sin embargo, su mirada es crítica y califica de “aberrante” que fuera necesario crear una ley para obligar a una misión que el Ministerio Público ya tenía.
“Siempre tuvo las atribuciones para esto, siempre. Cuando llega una denuncia por presunta desgracia pasa al Ministerio Público, donde el fiscal tiene las atribuciones para poder empujar el engranaje jurídico y poder oficiar, instruir, ordenar a PDI, Carabineros y distintas instituciones”, asegura.
Según explica la especialista de Macarena Torres Abogados, la presunta desgracia no tiene una tipificación penal, por lo tanto actualmente no implica ni obliga a que exista una conexión entre el Ministerio Público, Investigaciones, Carabineros, Servicio Médico Legal.
Es por esto, que tras la promulgación de la mencionada ley se redactará el protocolo unificado de actuación, investigación y búsqueda de personas desaparecidas. Aunque la abogada plantea que se dejó fuera a un actor fundamental: las compañías de telecomunicaciones.
“Existe algo que se llama tráfico de la antena, que aunque tengas el celular apagado, cada diez minutos se reporta a la antena más cercana y puedes tener vasta información”, comenta.
La abogada opina que liberar esta información rápidamente cuando se reporta una desaparición, podría cambiar el rumbo de las investigaciones. Pero asegura que no hay disposición por parte de las empresas, que privilegian la privacidad.
“Según fuentes especializadas que tengo, existe un tropiezo desde las compañías de telefonía, no hay colaboración porque al ser la confidencialidad un bien jurídico para ellos, defienden su materia a través de abogados mientras se dilata el proceso en el Ministerio Público”, puntualiza.
Y enfatiza: “La confidencialidad no puede estar por sobre la vida de las personas”.
En este escenario, el vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, asegura a Diario de Valdivia que se están realizando los procedimientos correspondientes para avanzar en los casos.
“Para la Fiscalía, las presuntas desgracias son un tipo de investigación de la mayor relevancia, por lo que tan pronto un fiscal toma conocimiento de una denuncia de esta naturaleza, se opta por disponer de una investigación a cargo de un equipo multidisciplinario, encomendando diligencias tanto a la PDI como a Carabineros”, afirma.
Según Aguayo, estas investigaciones quedan además a cargo de fiscales preferentes para este tipo de indagatorias, “que comprenden no solo operativos de búsquedas, apoyados por otras entidades especializadas en ello, sino además, con el propósito de determinar y aclarar las circunstancias de dicha desaparición”.
“Asimismo, es primordial para la Fiscalía, el contacto directo con la familia de dicho desaparecido, para lo cual se dispone de un apoyo e información permanente por parte de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Los Ríos, lo que se concreta en reuniones del equipo a cargo de dichas indagatorias, incluido un profesional psicólogo de dicha unidad”, detalla.
Y concluye: “Este trabajo así descrito, ha permitido encontrar, por mencionar algunos, a los jóvenes Alfonso Rivas y Roberth Aldunce, causas que aún se encuentran vigentes con diligencias en curso. Y en el caso específico de Roger Lampert, se trata de una causa vigente con diligencias encomendadas por la Fiscalía tanto a la SIP de Carabineros, como a la Brigada de Homicidios de la PDI Valdivia, y cuyo resultado se encuentra aún pendiente”.
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Los siete casos mencionados en este reportaje, están lejos de representar la totalidad de personas desaparecidas en Valdivia y a nivel regional. Socialmente, las similitudes entre los casos presentados han generado diversas teorías sobre una posible conexión.
Sin embargo, no hay antecedentes oficiales que permitan afirmarlo.
La desaparición de jóvenes varones universitarios, que posteriormente aparecen sin vida en ríos de Valdivia, mientras que de otros no se tiene pista, es un enigma que aqueja el corazón de la capital regional.
“Si se hubiera perdido la misma cantidad de niños en Santiago sería diferente. Sobre todo de una misma universidad, la tele estaría encima. Hay muchas cosas que aún no están claras, nadie te explica nada. Además son poco empáticos con la terminología que se usa entre policía y Fiscalía”, dice con énfasis Alejandra Aldunce, hermana de Roberth.
Alejandra vive su pena lejos de las tierras que vieron por última vez a su hermano. Desde Chimbarongo -donde reside- recalca que no se debe perder de vista que se trata de la vida y muerte de personas, no de números o estadísticas.
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